[Reflexiones en torno al debate o no de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.]
Un fantasma recorre Latinoamérica: el fantasma del chavismo. Su espectro es invocado por la mayoría de los representantes más mediáticos de la oposición cada vez que el actual gobierno toma alguna decisión “antipática”. El objetivo: demonizar una medida sin argumentar, impedir todo debate. No es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es la “ley K”, “ley de control de medios” o la “ley mordaza”. Que la Ley de Radiodifusión (Ley 22.285) lleve la firma de Videla, en cambio, no los inquieta. ¿Cómo es que esa sombra en la noche de la historia argentina reciente no los llama al pudor antes de defender la ley vigente?
Más allá de lo dicho, hay que evitar caer en la trampa de las polarizaciones. A diferencia de lo que sostiene el oficialismo, el hecho de que la Ley de Radiodifusión sea de la dictadura no puede ser un argumento suficiente. Sobre todo porque la democracia ha dado muestras de que la situación mediática puede ser empeorada. Y no por eso hay que concluir que la democracia es mala, ¿verdad? La ley vigente nació mala –porque, entre otras cosas, está basada en una concepción mercantilista: sólo pueden acceder a licencias los privados que puedan demostrar respaldo patrimonial– y fue modificada por los distintos gobiernos democráticos para favorecer la concentración de medios. De hecho, Néstor Kirchner firmó el decreto 527/05 en mayo del 2005, por el que se prorrogó por 10 años la explotación de todas las licencias de radio y TV. En lugar de mezclar y dar de nuevo, el por entonces presidente prefirió darle unas fichas más a quienes tenían –y siguen teniendo– los ases.
Lo cierto es que las vueltas de la vida política nacional hacen que hoy mismo ese (ex) presidente y su esposa decidan darle impulso al reclamo por una nueva ley de medios. Reclamo que no podría ser más legítimo y que, por pobreza de lecturas en algunos casos y mala intención deliberada en otros, es reducido a fórmulas falaces a izquierdas y derechas. No se puede recortar una bandera de lucha histórica de la sociedad civil a la proposición tramposa de “venganza K”. Organizaciones sociales, sindicales, universitarias, de derechos humanos, de radiodifusión comunitaria; todas ellas agrupadas en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, elaboraron un documento en el que se señalan los famosos “21 puntos” que forman el núcleo del proyecto de ley. Y otras tantas organizaciones han tenido la chance de aportar y discutir modificaciones.
Se equivocan los escépticos en sus predicciones cuando sostienen que nada cambiará, o cambiará para beneficiar a un grupo de empresarios en detrimento de otro. Porque puede que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no produzca una transformación radical ni mucho menos el desplazamiento de las placas tectónicas, pero sí cambiará los límites de lo que puede decirse en público. No sería poca cosa que se introduzcan en el discurso público temas de los que no se habla. Se equivocan, sobre todo, porque no ven que la verdadera batalla empezaría después de la aprobación de la ley. Sólo entonces la aprobación de la misma tendría importancia efectiva.
La vida política está siempre ante los límites de su propia realidad. Por eso, cuando los distintos sectores de la oposición responsabilizan al Gobierno por la falta de diálogo, no sólo se sacan la mochila de encima, sino que –paradójicamente– le atribuyen una capacidad transformadora que éste no posee. Porque a las torpezas del gobierno de Cristina Fernández habría que sumarle la predisposición a erosionar cualquier debate por parte de los actores políticos de oposición.
Alcanza con hacer una repasada rápida y más o menos al azar por los diarios para rastrear los posicionamientos de cuando, en marzo de este año, Fernández lanzó el borrador del anteproyecto. Macri, como el pez, por la boca muere: “No le creo al Gobierno cuando convoca a debatir. Y en medio de una campaña electoral no me parece el momento para debatir algo tan importante” (Clarín, 21/03/09). Para el PO, por su parte, el problema es cualitativamente distinto pero la resolución es la misma: “debemos entender que se trata del Estado burgués, que por todos los medios se esfuerza por someter ideológica y políticamente a los trabajadores” (Prensa Obrera, 26/3/09). El Estado terrorista y genocida también era un Estado burgués, pero sería por lo menos irresponsable no reparar en que la democracia ofrece un campo de acción tácticamente mucho más favorable. Y que la Ley en cuestión brinda más armas para dar la pelea.
Hacia el final de Homenaje a Cataluña, y en referencia a otros asuntos, George Orwell reflexiona: “En tales condiciones resulta imposible conversar; falta la más mínima base de acuerdo necesaria. (…) Como si en un campeonato de ajedrez, uno de los competidores comenzara de pronto a gritar que su contrincante es culpable de un incendio o de bigamia. La cuestión que realmente importa no se aborda nunca”.
Para consolidar una experiencia de lucha que lleva años, sería oportuno aprovechar el momento histórico y discutir la ley de medios. Lo cual no implica perder de vista que, del otro lado del tablero, no está solamente el Gobierno sino también la oposición. Y, como siempre, mueven las blancas.

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